Marcos Paz, 10 de Julio del 2025.-

VISTO:
El Expediente 4073-HCD 110/2025 P.R “Repudio a la detención arbitraria de 5 militantes políticas”
Las recientes detenciones arbitrarias e irregulares de cinco militantes, dos de ellas funcionarias públicas: Alexia Abaigar, Candelaria Montes Cató, Eva Mieri, Aldana Muzzi e Iván Diaz Bianchi, ordenadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

CONSIDERANDO:
Que el origen de estas acciones es una denuncia del diputado José Luis Espert por una protesta frente a su casa, un hecho de nula gravedad que ha sido grotescamente desvirtuado;
Que no se conocen detalles de la causa, dado que se encuentra en “secreto de sumario” con lo cual no hay información clara al respecto salvo por la carátula que lleva el título de “averiguación de ilícito”;
Que a la fecha, fueron excarcelados Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, mientras que Eva Mieri se encuentra en el penal de Ezeiza y Alesia Abaigar con prisión domiciliaria. Luego de que todos pasaron varios días presos/as sin condena y habiendo sido detenidas/os bajo operativos policiales violentos, allanamientos múltiples y un despliegue represivo que configura un preocupante accionar de persecución política y judicial trazando un paralelismo alarmante con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner;
Que los familiares de los detenidos han sido testigos directos y describen operativos violentos, incluyendo allanamientos brutales en casas de parientes y un trato vejatorio hacia los arrestados, forzándolos incluso a posar para fotografías con fines de estigmatización;
Que mientras las personas estuvieron detenidas permanecieron incomunicadas y privadas de su libertad bajo secreto de sumario, en condiciones que atentan contra el debido proceso y el Estado de Derecho;
Que se han pronunciado en contra de estos procedimientos diputados nacionales y provinciales de diversos bloques, rectores de universidades nacionales, el titular del colegio de abogados bonaerense y numerosas organizaciones de derechos humanos, quienes han constatado irregularidades flagrantes como la incomunicación total de los detenidos y la imposibilidad de acceso a sus abogados defensores;
Que el accionar de la justicia es un claro intento de disciplinamiento y amedrentamiento hacia la militancia política y social, especialmente de sectores opositores al actual gobierno nacional;
Que este accionar se suma a la represión que sufren los jubilados, los residentes y médicos del Garrahan y todo colectivo que se ha manifestado en contra de las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno nacional;
Que desde el Poder Ejecutivo Nacional representado en la figura de su máxima autoridad, el Presidente de la Nación, se realiza una campaña virtual constante de ataque a todas aquellas personas que piensan diferente a los lineamientos del gobierno: periodistas, artistas, militantes y dirigentes políticos;
Que todos estos insultos promovidos y perpetuados por el Presidente de la Nación y muchos de sus funcionarios, necesariamente tienen consecuencias concretas y reales en generar un clima de odio y desprecio hacia todo aquel que piensa diferente;

Que esto se cristaliza ahora en una decisión de clara persecución política hacia 5 militantes, en su mayoría mujeres que fueron apresadas de forma arbitraria sin cumplir con el debido proceso legal;
Que no es casual que estas arbitrariedades hayan sido cometidas hacia 4 mujeres militantes dado que hay un intento claro por retroceder en la participación de las mujeres en política;
Que la participación de las mujeres en la vida pública es un logro de nuestra sociedad en su conjunto que fortalece nuestra democracia y atacar a referentes políticas opositoras y feministas pone en riesgo la convivencia democrática y es un claro intento de revertir estos logros que a todas luces ampliaron derechos y voces;
Que la privación de libertad por motivos políticos constituye una violación directa y flagrante de las garantías consagradas en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos internacionales con jerarquía constitucional;
Que resulta imperativo y no negociable defender el derecho a la libertad de expresión, a la protesta social y a la participación política, pilares esenciales e irrenunciables de nuestra democracia;
Que la defensa irrestricta de los derechos y garantías constitucionales es un deber de todos los poderes del Estado y de la sociedad democrática;

Por todo lo expuesto, y en uso de sus facultades, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE MARCOS PAZ, SANCIONA LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN N° 030/2025

ARTÍCULO 1°: Expresar nuestro más enérgico repudio al accionar del Estado Nacional, a través de las fuerzas de seguridad y la justicia federal, en la detención de los cinco militantes: : Alexia Abaigar, Candelaria Montes Cató, Eva Mieri, Aldana Muzzi e Iván Diaz Bianchi.-

ARTÍCULO 2°: Exigir la inmediata excarcelación de la concejala de Quilimes Eva Mieri.-

ARTÍCULO 3°: Solicitar a las autoridades judiciales y políticas competentes, incluyendo al Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la órbita de la Ministra Patricia Bullrich y al diputado José Luis Espert, que cesen inmediata y definitivamente todo acto de persecución política, garantizando el pleno respeto a la libertad de expresión, la protesta social y la participación política, evitando la criminalización de la militancia y el uso de discursos de odio y amedrentamiento hacia quienes piensan distinto.-

ARTÍCULO 4°: Comunicar la presente resolución a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación y a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires .-

ARTÍCULO 5°: De forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Marcos Paz a los diez días del mes de Julio del año dos mil veinticinco.-