Marcos Paz, 02 de Octubre del 2025.-

VISTO:

El Expediente 4073-HCD-156-2025 P.R. “Repudio por las denuncias de corrupción en ANDIS”
La Constitución Nacional;
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, la Ley N° 26.378/2008 y la Ley N° 27.044/14;
La Ley N° 27.793/25, Declaración de la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, vetada por el presidente Milei mediante el Decreto 534/2025, posteriormente repuesta por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso Nacional;
La Constitución de la provincia de Buenos Aires;
La Ley Orgánica de las Municipalidades;
El Reglamento Interno;
La Resolución N° 09/2025, Repudio al accionar del Presidente Milei en la promoción de la criptomoneda $Libra que derivó en una defraudación con criptoactivos;
La causa judicial que obra en el Tribunal Federal N° 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, como consecuencia de los audios que tomaron estado público, en los que presentamente el ahora ex-director de la Agencia Nacional de Discapacidad, denuncia un esquema de corrupción vinculado de la compra de medicamentos, que involucra las más altas esferas del poder ejecutivo nacional.

CONSIDERANDO:

Que las personas con discapacidad enfrentan una situación crítica en lo que respecta a la garantía de sus derechos, que se refleja en diversas situaciones: bajas y riesgo de pérdida de pensiones no contributivas para quienes se encuentran en situación de pobreza, lo que impide además el acceso al Programa Federal Incluir Salud, demoras prolongadas cuando no inacción absoluta en la concesión de pensiones, indispensables para la subsistencia y el acceso a prestaciones básicas, obstáculos graves para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad accedan a rehabilitación, educación, apoyos, transporte, medicación y otros servicios esenciales, riesgo de retrocesos en procesos de inclusión social logrados a través de apoyos específicos, pérdida de transporte para tratamientos, tanto por los bajos aranceles prestacionales como por la falta de transporte público accesible, riesgo de cierre de hogares y residencias para personas sin red familiar, como consecuencia del atraso arancelario, falta de provisión continua y suficiente de medicación imprescindible, entre otras;
Que pese a esta realidad que continúa agravándose desde que asumiera el actual gobierno nacional, el entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Dr. Diego Spagnuolo, calificó la emergencia en discapacidad como “supuesta” al rechazar el proyecto que proponía declararla;
Que sin embargo, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.793/25 declarando la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 534/2025, demostrando una vez más las dificultades del poder ejecutivo nacional para el dialogo y la búsqueda de consensos;
Que el pasado 20 de agosto, la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación alcanzó la mayoría especial requerida para rechazar dicho veto, decisión replicada 4 de Septiembre por la Cámara de Senadores y Senadoras, reponiendo la vigencia de la Ley N° 27.793/25 de Emergencia en Discapacidad;
Que esta decisión del Congreso Nacional no pudo estar más justificada, en tanto el día 19 de agosto próximo pasado, comenzaron a circular audios atribuídos al entonces titular de la ANDIS, Spagnuolo, denunciando presuntas irregularidades en ese organismo, al tiempo que afirma que dichas maniobras con la droguería Suizo Argentina -vinculada a la familia Menem- que multiplicó exponencialmente sus contratos durante el gobierno actual no sólo con la ANDIS sino también con organismos como el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Seguridad, eran conocidas no sólo por el presidente, sino también por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien menciona como beneficiaria del presunto esquema de corrupción junto al asesor Eduardo “Lule” Memem;
Que los audios refieren a un esquema de cobro de coimas relacionado con la compra y provisión de medicamentos, lo que implicaría la comisión de delitos como cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracciones a la Ley de Ética Pública, configurando eventualmente una asociación ilícita;
Que pese a la gravedad de las denuncias que fueron difundidas por medios de comunicación de todo el país y del exterior, la única respuesta del ejecutivo nacional ante el escándalo fue la intervención de la ANDIS y el apartamiento de Spagnuolo como titular de la ANDIS y del Director de Acceso a Servicios de Salud del organismo, Dr. Daniel Garbellini, mientras persisten interrogantes cruciales sobre la autenticidad de los audios, que no fueron desmentidos ni oficial ni extraoficialmente por funcionario alguno, la eventual responsabilidad de figuras de primera línea del gobierno nacional, las medidas adoptadas para prevenir futuros hechos de corrupción, y el impacto concreto de este escándalo en la gestión sanitaria general y de las personas con discapacidad en particular;
Que estos hechos se suman a otros escándalos de corrupción que ya afectan a la actual gestión de gobierno: alimentos retenidos en depósitos sin ser distribuidos, licitaciones irregulares como la de pañales para adultos, la causa de la criptoestafa "Libra" (repudiada por este Cuerpo según Resolución N° 09/2025), denuncias por venta de postulaciones, denuncias de cobros para reunirse con el presidente Milei, entre otras, haciendo evidente que la crueldad y falta de empatía del gobierno nacional se demuestran no sólo en sus políticas, sino también en las desprolijidades, cuando no irregularidades, que caracterizan su accionar administrativo;
Que al momento y por esta situación, obra una causa en la Justicia Federal (Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez Sebastián Casanello), la que ordenó diversos allanamientos, detenciones, y otras medidas de prueba, las que esperamos avancen con la seriedad y celeridad que un caso de tal gravedad amerita, así como esperamos que el Congreso de la Nación alcance los acuerdos que le permitan investigar y/o interpelar a las funcionarias y los funcionarios involucrados, en el marco de su manda constitucional (Expedientes N° 4697-D-2025, 4607-D-2025, 4604-D-2025, 4527-D-2025,
4507-D-2025, 4504-D-2025, y 4498-D-2025 en la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, Expediente N° S1446-25PR en la Honorable Cámara de Senadoras y Senadores de la Nación);
Que sin embargo, mientras es tarea del Poder Judicial avanzar en la investigación y esclarecer la verdad de los hechos, sigue siendo responsabilidad del Estado proteger los derechos de las personas con discapacidad conforme la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por Ley N° 26.378 y elevados a jerarquía constitucional por la Ley N° 27.044, conforme al Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional;
Que entonces, es una obligación para hombres y mujeres de la Democracia que desde este Honorable Cuerpo Legislativo representamos a nuestros vecinos y vecinas, expresar públicamente nuestro más enérgico repudio ante la situación y solicitar a los diversos poderes del Estado que accionen todos los mecanismos necesarios para esclarecer los hechos y sancionar a los y las responsables.

Por todo lo expuesto, y en uso de sus facultades, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE MARCOS PAZ, SANCIONA LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN N° 043/2025

ARTÍCULO 1°: Repudiar enérgicamente las irregularidades en las licitaciones y contrataciones entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre otros organismos del Estado, y la droguería Suizo Argentina, las que presuntamente sucedían con el conocimiento del presidente de la Nación Javier Milei, y de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien sería una de las supuestas beneficiarias del esquema de corrupción.-

ARTÍCULO 2°: Expresar la profunda preocupación de este Honorable Cuerpo y de la comunidad a la que representamos por mandato popular, ante las políticas de vaciamiento y desfinanciamiento que el Gobierno Nacional continúa llevando adelante en diversas áreas, tanto más cuando existen fundadas sospechas de corrupción vinculadas a uno de los sectores más sensibles de nuestra sociedad como lo es el colectivo de personas con discapacidad.-

ARTÍCULO 3°: Solicitar a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, que alcancen los acuerdos y consensos necesarios para investigar los hechos y/o interpelar a funcionarios y funcionarias involucradas en las denuncias.-

ARTÍCULO 4°: Solicitar al Poder Judicial de la Nación que garantice la seriedad y celeridad en la investigación, que amerita una denuncia de este calibre.-

ARTÍCULO 5°: Enviar copia de la presente Resolución, con sus Vistos y Considerandos, a Presidencia de la Nación, a la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación, a la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, y al Juzgado Federal N° 11 de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 6°: Enviar copia de la presente Resolución e invitar a pronunciarse en igual sentido a los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 7°: De Forma.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Marcos Paz a los dos días del mes de Octubre del año dos mil veinticinco.-